El caso Adorni: Nuevas medidas y críticas internas ponen en el punto de mira al funcionario
La investigación sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, se suma a las dudas sobre su patrimonio y está abriendo un frente político inesperado dentro del propio oficialismo. La causa, llevada a cabo por el fiscal Gerardo Pollicita y con intervención del juez Ariel Lijo, se centra en la compra y refacción de un departamento en el barrio porteño de Caballito, que alcanzó los 230.000 dólares y incluyó un financiamiento de 200.000 dólares proveniente de dos jubiladas.
De acuerdo a las declaraciones de las jubiladas, no pudieron precisar detalles sobre la operación ni sobre las refacciones realizadas en el inmueble, que fue adquirido en mal estado y luego remodelado de forma integral en pocos meses. Uno de los principales interrogantes que investiga la Justicia es quién financió esas obras y cuál fue su costo real, en el marco de un análisis más amplio sobre el origen de los fondos del funcionario.
Medidas de investigación y testimonios pendientes
En ese contexto, el juez Lijo ha autorizado nuevas medidas, entre ellas la toma de testimonio al encargado del edificio donde reside Adorni. Además, se ha dispuesto el levantamiento del secreto fiscal y bancario tanto del jefe de Gabinete como de su esposa, Bettina Julieta Angeletti, con el objetivo de reconstruir sus movimientos financieros recientes. El expediente también incorporó información sobre viajes al exterior, según la cual Adorni habría viajado en primera clase junto a su familia a Aruba a fines de 2024, en medio de cuestionamientos por su evolución patrimonial.
El caso no solo tiene impacto judicial. En los últimos días, comenzaron a surgir cuestionamientos desde sectores cercanos al oficialismo. El escritor Nicolás Márquez publicó un mensaje en redes sociales en el que pidió la renuncia del funcionario y cuestionó su continuidad en el cargo.
“Si tienen dignidad deberían exigir su renuncia, o en su defecto renunciar ellos”, expresó el escritor en una crítica directa hacia el resto del gabinete. En ese mismo mensaje, sostuvo que “se confirma judicialmente otra mentira de Adorni”, en referencia al avance de la investigación.
El caso también comienza a reflejarse en la percepción social. Un relevamiento de Giacobbe & Asociados indicó que el 39,3% de los consultados consideró como principal problema del caso el uso de recursos públicos, mientras que el 33,9% apuntó a contradicciones políticas. El mismo estudio señaló que un 31,3% de los encuestados ubica al actual gobierno entre los más cuestionados por corrupción desde el retorno de la democracia.
Con nuevas medidas en curso y testimonios pendientes, la investigación continúa en etapa preliminar. El foco judicial está puesto en reconstruir la operatoria completa de la compra del inmueble, el financiamiento y el destino de los fondos involucrados. El resultado de esta investigación sigue siendo incierto, pero lo que es claro es que la opinión pública está cada vez más alerta y sensible a cualquier señal de corrupción o mal manejo de fondos públicos.
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